La Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción (PCD Anticorrupción) es un proyecto del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SAEQROO), desarrollado bajo el mandato de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (PAEQROO) y su Programa de Implementación (PI).
El SAEQROO tiene como objetivo principal promover la coordinación interinstitucional para prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción en el estado. Además, se encarga de la fiscalización y control de los recursos públicos.
Las entidades que integran el SAEQROO son:
Quintana Roo se destaca como un estado vanguardista en la consolidación y avances de su sistema anticorrupción, implementando instrumentos rectores sólidos.
La Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en su Prioridad 7, establece el impulso a la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos para la presentación de denuncias y alertas de corrupción. Esto incluye la participación de ciudadanos, contralores, testigos sociales e instituciones de fiscalización y control interno, asegurando la inclusión del enfoque de derechos humanos y género.
El Programa de Implementación, derivado de la política anterior, detalla acciones concretas para mitigar la corrupción.
Plantea la siguiente estrategia y línea de acción:
Estrategia 7.1: Desarrollar una Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción (PCD Anticorrupción) del SAEQROO, garantizando el acceso de la ciudadanía, especialmente de grupos históricamente discriminados, a la denuncia de faltas administrativas y actos de corrupción en ámbitos estatal y municipal. La plataforma interoperará con el subsistema S5 de la Plataforma Digital Nacional (PDN).
Línea de Acción 7.1.1: Diseñar y operar la PCD Anticorrupción para canalizar denuncias ciudadanas de faltas administrativas y actos de corrupción a las autoridades competentes, permitiendo a los denunciantes conocer el estatus de sus denuncias.
En su FASE 1, la PCD Anticorrupción habilitará la opción de recibir denuncias por faltas administrativas graves y no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.